COVID-19 debe abordarse a través de la solidaridad y la cooperación internacional: ONU
La pandemia de COVID-19 ha afectado, directa o indirectamente, a millones de personas en América Latina y el Caribe, y las personas refugiadas y migrantes, especialmente las mujeres, las niñas y los niños, son algunas de las más afectadas. Miles de personas han perdido sus medios de vida y ya no pueden costear sus necesidades básicas, como vivienda, alimentos y atención médica; otros no pudieron seguir pagando el alquiler y fueron desalojados. Las mujeres, que son más propensas que los hombres a trabajar de manera informal y reciben salarios más bajos, se ven aún más afectadas.
Las personas refugiadas y migrantes vulnerables se encuentran ahora en las calles, donde corren el riesgo de ser detenidas por su incapacidad de obedecer las medidas de distanciamiento físico y cumplir con las cuarentenas. Otras están bloqueadas en las fronteras y necesitan una mayor ayuda humanitaria inmediata. Se han reportado casos impactantes y violentos de discriminación y de xenofobia en toda la región.
Como resultado de este contexto, en algunos casos, un número creciente de personas refugiadas y migrantes están regresando a sus países de origen, a pesar de la falta de perspectivas económicas allí y del riesgo de contagio transfronterizo de COVID-19 que implican tales movimientos de retorno. La caída de las remesas que viene con la crisis económica mundial inducida por la pandemia también afecta a los países de origen de las personas migrantes, lo que contribuye a empeorar sus condiciones de vida.
La situación de protección sigue siendo igualmente desafiante, particularmente en las zonas fronterizas. Aunque la pandemia del COVID-19 puede obligar a los Gobiernos a implementar medidas extraordinarias para limitar la transmisión del virus, es importante garantizar que tales medidas sigan los principios fundamentales de los derechos humanos, las normas para la protección de las niñas y los niños y las normas para la protección de las personas refugiadas, como el principio de no devolución (non-refoulement) y el acceso al territorio para las personas solicitantes de asilo. Se recomienda encarecidamente la suspensión temporal de las deportaciones y la liberación de las personas refugiadas y migrantes detenidas, especialmente las niñas y niños no acompañados, a fin de prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de las personas refugiadas, de la población migrante y de sus comunidades.
Considerando el papel vital y la situación de vulnerabilidad de millones de personas refugiadas y migrantes, es importante tenerlas en cuenta en las respuestas de protección social de los gobiernos, incluidas las medidas específicas y universales que pueden mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. El Sistema de las Naciones Unidas está listo para ayudar a los países a abordar este desafío y ha estado trabajando de manera conjunta con los gobiernos y la sociedad civil en América Latina y el Caribe, brindando orientación, asistencia y protección para apoyar las respuestas nacionales.
Información: http://www.onu.org.mx
