Sin sustento jurídico la consulta de AMLO, para cervecera en Mexicali: CCE
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó como arbitraria, autoritaria y unilateral, una decisión del Gobierno Federal en la que niega los permisos a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali, Baja California, en base a una supuesta consulta realizada sin sustento jurídico el pasado fin de semana.
Tal postura de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México, según el organismo cuyo presidente es Carlos Salazar Lomelín.
Conforme al CCE, el Gobierno Federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar.
"La democracia tiene reglas; la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión", subrayó el Consejo añadiendo que la decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC.
De acuerdo con el CCE, la supuesta consulta realizada el fin de semana no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante.
"Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos. Peor aún, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del COVID-19", recalcó la agrupación.
Indicó que en ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales.
"Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero. La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país", destaca la agrupación empresarial.
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